Artículo realizado por Escuelas Católicas
Cerca de 40.000 personas según Delegación de Gobierno han participado esta mañana en la plaza de la Virgen en una convocatoria organizada por Escuelas Católicas de la Comunidad Valenciana (ESCACV) en defensa de la libertad de enseñanza. Se trata de la primera gran movilización, después del éxito de las manifestaciones en Orihuela, Alicante, Benicarló y Alcoy. En la concentración, que ha transcurrido en un ambiente festivo y reivindicativo, han participado alumnos, madres y padres de familia, además de profesores y trabajadores de colegios de Castellón, Valencia, Alicante y Murcia. Una banda de músicos, compuesta por un centenar de alumnos, profesores y familiares, han amenizado la concentración a ritmo de pasodoble.
El encuentro ha contado con la participación del secretario general de Escuelas Católicas, José María Alvira, del delegado diocesano de enseñanza Rafael Cerdá, así como sindicatos como USO y FSIE, asociaciones de padres y madres (Concapa y Fcapa) y representantes de la patronal Feceval, que con su asistencia han apoyado las reivindicaciones de la escuela concertada.
Durante la concentración han intervenido Julia Llopis, presidenta de CONCAPA y Vicenta Rodríguez, presidenta de ESCACV, que han leído sendos manifiestos en defensa de una educación en libertad. La presidenta de la asociación de padres recriminó a la administración su postura “demagógica”. “No nos vale que nos digan que no están cerrando aulas en la escuela concertada, que sólo les quitan el concierto”, explicó Llopis.
Por su parte, la presidenta de ESCACV lamentó las acusaciones de “mentirosos”, y ha confirmado el cierre de 18 aulas “y más de una veintena que, teniendo la ratio suficiente, no se han concertado”. Rodríguez reclamó en su intervención que la administración sea garante del derecho constitucional a la elección de educación por parte de los padres. “Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”, explicó. “La Administración debe facilitar el cumplimiento de los derechos. No creemos en un modelo educativo unívoco, único y centralizado. ¿Ese es el gobierno que propugna la libertad y la igualdad?”. Así mismo, la presidenta desmintió que hubiera “barra libre” y que no “somos un negocio”. “Nuestras fundadoras y fundadores fueron pioneros en extender la educación a colectivos excluidos en otras épocas cuando la educación no era, ni mucho menos, un derecho reconocido como ahora”, explicó durante su intervención. Para Rodríguez la red pública de centros, y también en la concertada y privada son esenciales. “Estamos convencidos de que pueden y deben convivir porque, entre otras cosas, es un derecho que está recogido en el artículo 27 de la Constitución Española”.